RECONCIALIACIÓN

Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.

LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Y SOCIAL
UN DESAFÍO PENDIENTE

CONTEXTO

Durante los últimos 20 años Bolivia ha profundizado una polarización política, étnica y regional que se superpone a heridas coloniales más antiguas. La diversidad —celebrada en discursos oficiales— convive con un Estado percibido como botín de facciones, una justicia cooptada y un centralismo que margina a los territorios; el resultado es desconfianza mutua y exclusión persistente.  Los conflictos de las últimas décadas, desde las pasadas dictaduras militares hasta los regímenes autoritarios de hoy, dejaron víctimas que nunca fueron atendidas de forma integral; al mismo tiempo se instalaron narrativas incompatibles sobre la verdad histórica, produciendo “memorias que no se reconocen entre sí” y que, en la práctica, bloquean toda agenda de futuro.

La experiencia comparada muestra que las sociedades que optaron por “mirar de frente” sus divisiones y enfrentamientos —Sudáfrica, Colombia, Ruanda— lograron reconstruir confianza cuando combinaron verdad pública, justicia restaurativa y reformas institucionales.  En Bolivia existen bases para un camino semejante: el archivo de violaciones a DD. HH. de la UMSA y organizaciones ciudadanas, los valores de complementariedad, reciprocidad y respeto a la diferencia recogidos en Visión de País de CAMBIO25, y la propuesta de “bloque social y ciudadano de poder” que articule centro‑izquierda y centro‑derecha democráticos. La reconciliación, por tanto, no es amnesia, sino un pacto ético que cierre el ciclo de los agravios y abra uno de cooperación productiva.

PROPUESTA

1. Ley Integral de Verdad, Reparación y Reconciliación (LIRR).

Crear una Comisión de Verdad y Reconciliación con un mandato de 3 años para investigar violencias políticas y raciales ocurridas desde 1970, garantizar audiencias públicas y emitir un informe vinculante.

Incorpora un mecanismo de justicia restaurativa: confesión plena = reducción de penas y obligatoriedad de reparación material o simbólica a las víctimas.

Crear un Fondo de Reparación Colectiva administrado de forma autónoma.

2. Sistema Nacional de Diálogo Social Permanente.

Instituir un Consejo de Convivencia en cada departamento y un Consejo Nacional de Reencuentro que reúna a gobiernos autónomos, movimientos sociales, empresariado, universidades e iglesias, para la mediación, respuesta temprana a los conflictos, veeduría del cumplimiento de la LIRR y diseño de políticas de inclusión económica, social y cultural.

3. Programa “Ciudadanía Intercultural Viva”.

Reforma curricular para que todo bachiller domine historia crítica reciente y técnicas de escucha y diálogo.

Observatorio de Cultura de Paz con apoyo estatal y becas de investigación para producir indicadores anuales de cohesión social.

Campaña mediática nacional —en alianza con medios comunitarios y digitales— que desactive discursos de odio y promocione relatos que celebren la pluralidad del país.

ACCIÓN

primeros 100 días de gobierno

1. Convocar, mediante decreto supremo, la “Cumbre por la Reconciliación y el Futuro”: tres días, facilitada por el sistema universitario, donde víctimas, actores políticos, empresariales e indígenas redactarán el ante‑proyecto de LIRR.

2. Instalar el Consejo Nacional de Reencuentro con representantes electos de los nueve departamentos y aprobar su reglamento interno.

3. Crear la Unidad Ejecutiva de Verdad y Reparación, dotada de presupuesto inicial y acceso a archivos estatales y privados.

4. Lanzar la campaña “Bolivia se Escucha” en radio, TV y redes, invitando a la ciudadanía a registrar testimonios preliminares a través de plataformas seguras desarrolladas por centros de innovación cívica.

Con estas cuatro acciones—alineadas al principio de “¡Cien días, carajo!” —el nuevo gobierno comenzará a suturar las fracturas del pasado, sentará las bases legales y financieras de la reconciliación y mostrará que el diálogo práctico es posible cuando la justicia y la memoria ocupan el centro de la política nacional.