Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.
CONTEXTO
Los pueblos indígenas de tierras bajas en Bolivia —que habitan la Amazonía, el Chaco y otras regiones tropicales— enfrentan una histórica exclusión del sistema político y económico nacional. Su realidad actual está marcada por la invasión de sus territorios mediante la expansión del agronegocio, la deforestación masiva, la minería ilegal, el narcotráfico y la falta de servicios básicos. A pesar de los avances normativos en cuanto al reconocimiento de sus derechos, el centralismo estatal, la corrupción institucional y el extractivismo depredador han debilitado su capacidad de autodeterminación y han socavado sus territorios, sus culturas y su medio de vida.
Las comunidades del tronco tupiguaraní —que incluyen a guaraníes, ayoreos, guarayos, sirionós y otros pueblos amazónicos— han sido particularmente vulnerables a la destrucción ambiental, al despojo territorial y al abandono estatal. El MAS, que prometió inclusión y autodeterminación, utilizó a las organizaciones indígenas como instrumento de legitimación simbólica, pero desatendió sus necesidades reales y promovió un modelo económico extractivista que ha devastado sus tierras. A esto se suma la creciente presencia del narcotráfico y la actividad minera sin control, lo cual compromete seriamente la supervivencia de estas culturas y el equilibrio ecológico de sus regiones.
PROPUESTA
Reconocimiento pleno y participación efectiva de los pueblos indígenas: Garantizar la representación real de los pueblos indígenas de tierras bajas en todas las instancias de decisión pública, asegurando su derecho a la consulta previa, libre e informada según estándares internacionales. Esto incluye el reconocimiento de sus sistemas de gobierno, sus saberes ancestrales y el fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) con una reforma curricular que incluya sus cosmovisiones, lenguas y tradiciones culturales.
Defensa del territorio y transición ecológica: Se plantea alcanzar la meta de “Deforestación Cero al 2030” en la Amazonía mediante sistemas de vigilancia satelital, brigadas comunitarias y control del uso del suelo. Se prohibirá la minería en cabeceras de cuenca y áreas protegidas, priorizando la protección de cuencas hidrográficas esenciales y corredores biológicos. Se rediseñará el SERNAP para una gestión participativa de las áreas protegidas con co-gobierno indígena, impulsando una transición hacia una economía verde, con turismo comunitario, industria forestal responsable y comercio sostenible de biodiversidad.
Autonomía indígena con co-gestión de recursos y desarrollo productivo:
Se promoverá una descentralización efectiva a través de autonomías indígenas
reales, con competencias claras y recursos asignados para su desarrollo. Se
impulsará un nuevo Pacto Fiscal que priorice la equidad y reconozca las
necesidades territoriales. A la par, se fomentará la generación de empleo
mediante emprendimientos productivos indígenas —turismo, agricultura ecológica,
transformación de productos amazónicos—, así como el acceso preferente a
mercados para sus productos. Se facilitará el uso de tecnología adecuada y se
promoverá el financiamiento de proyectos sostenibles con enfoque cultural.
ACCIÓN (cien días, carajo)
Durante los primeros cien días de gobierno, se convocará una Cumbre de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, con representación directa de comunidades guaraníes, ayoreas, guarayas, sirionós, chiquitanas, yuracarés, entre otras, para diseñar una Agenda Nacional de Reivindicación Territorial y Productiva. En ese espacio se recogerán prioridades, se elaborarán mapas territoriales con información georreferenciada y se establecerán los lineamientos para una Ley de Protección del Territorio y Cultura Indígena Amazónica, que limite actividades extractivas y garantice derechos colectivos.
Simultáneamente, se
iniciará la reforma del SERNAP para implementar un modelo de cogestión indígena
en las áreas protegidas, y se lanzará el Plan de Emprendimientos Productivos Indígenas,
con una línea de financiamiento inicial orientada a iniciativas de turismo
comunitario, agroforestería sostenible y producción de alimentos amazónicos.
Asimismo, se pondrán en marcha brigadas mixtas (comunitarias y estatales) para
el monitoreo ambiental y control del narcotráfico en zonas críticas, con
cooperación internacional y participación local. Se establecerá un cronograma
para transferir competencias y presupuestos a gobiernos indígenas autónomos con
acompañamiento técnico especializado.