Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.
¿La Seguridad Social de largo plazo (jubilaciones) debe mantenerse de propiedad estatal o debe volver a ser un sistema privado?
I. CONTEXTO
El sistema de seguridad social y pensiones en Bolivia atraviesa una profunda crisis de sostenibilidad y legitimidad. Actualmente es un esquema fragmentado, que presenta marcadas desigualdades entre distintos sectores laborales, especialmente privilegiando a los militares y funcionarios estatales, mientras excluye a la mayor parte de los trabajadores independientes e informales. La gestión de los fondos por parte de la Gestora Pública de la Seguridad Social ha sido objeto de severos cuestionamientos en materia de transparencia, eficiencia y uso indebido de los recursos para financiar el déficit público, lo que amenaza directamente el derecho de los trabajadores a una jubilación segura.
A nivel internacional, estudios recientes destacan que los sistemas puramente estatales o puramente privados tienen limitaciones. Países exitosos han implementado modelos mixtos, donde el Estado garantiza un piso mínimo de protección y el sector privado dinamiza la gestión de fondos bajo estrictas regulaciones. Bolivia, sin embargo, ha recaído en un sistema estatalizado sin los controles necesarios, aumentando riesgos de politización, corrupción y mala administración.
II. PROPUESTA
1. Modelo mixto con garantías estatales y gestión privada regulada:
La propuesta más adecuada es migrar hacia un sistema mixto. El Estado debe asegurar una pensión mínima —sobre todo para los sectores más vulnerables—, mientras que los fondos de pensiones deben ser gestionados por entidades privadas altamente reguladas y competitivas. Esto permitiría mejorar la rentabilidad de los ahorros, diversificar los riesgos y blindar los fondos de la injerencia política.
2. Prohibición legal de usar fondos de pensiones en endeudamiento público:
Se debe aprobar una ley expresa que prohíba al Estado utilizar los fondos de pensiones para financiar el déficit fiscal o proyectos políticos, estableciendo sanciones penales para su incumplimiento. Esto devolverá confianza a los trabajadores y protegerá la viabilidad del sistema.
3. Fortalecimiento independiente de la Autoridad de Pensiones y Seguros (AFPs):
Es imprescindible reformar la APS, garantizando su independencia técnica a través de procesos de selección basados en méritos y no en cuotas políticas. Solo una autoridad verdaderamente profesional y autónoma podrá supervisar eficientemente tanto al Estado como a los gestores privados.
III. ACCIÓN
Primeros 100 días de gobierno:
Se debe enviar al Legislativo un Proyecto de Ley que contemple tres medidas urgentes:
- 1. Prohibición explícita del uso de fondos de pensiones para endeudamiento estatal.
- 2. Creación del nuevo esquema mixto, estableciendo la posibilidad de licitar la gestión de fondos a entidades privadas certificadas, bajo la vigilancia de una AFPs reformada.
- 3. Convocatoria pública e internacional para seleccionar a los nuevos miembros de la AFPs mediante un concurso de méritos transparente, con participación de universidades y sociedad civil como veedores.
Además, se debe iniciar una auditoría integral de la Gestora Pública, cuyos resultados deberán ser publicados en los primeros seis meses para restaurar la confianza ciudadana.