Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.
Uno de los silencios más llamativos en los documentos programáticos de la Alianza UNIDAD es la ausencia de toda mención explícita a la laicidad del Estado. Este vacío no es menor. En el contexto de una democracia que aspira a consolidarse sobre bases éticas, pluralistas y modernas, la laicidad —entendida como la neutralidad del Estado frente a las confesiones religiosas— no es una opción secundaria, sino un pilar ineludible.
Bolivia es un país profundamente diverso: no solo en su tejido étnico y lingüístico, sino también en sus prácticas culturales y creencias espirituales. Esa diversidad, tantas veces exaltada en los discursos políticos, debe encontrar su garantía institucional en un Estado que no favorezca, financie ni legitime a una fe por encima de otras. Un Estado laico no es un Estado anticlerical: es uno que protege el derecho de todos a creer —o no creer— sin que esa decisión afecte sus derechos ciudadanos o sus deberes ante la ley.
En un momento histórico marcado por la polarización y el uso instrumental de símbolos religiosos para fines políticos —como ha sido evidente durante y después de la crisis de 2019—, reafirmar el carácter laico del Estado no solo es un acto de coherencia con la Constitución, sino una apuesta por la reconciliación nacional. La religión, en su dimensión íntima, debe ser respetada y resguardada. Pero cuando se convierte en herramienta de legitimación política o exclusión social, se traiciona tanto al espíritu democrático como a los principios religiosos que se invocan.
Incluir en el programa electoral de la Alianza UNIDAD una propuesta clara y firme sobre el fortalecimiento del Estado laico no implica enfrentar a las iglesias, sino garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su credo, sean iguales ante las instituciones. Significa asegurar que la educación pública no sea campo de adoctrinamiento confesional, que los recursos del Estado no financien cultos particulares, y que los derechos individuales —como los sexuales y reproductivos— no sean secuestrados por dogmas religiosos.
Fortalecer la laicidad del Estado es, en suma, profundizar la democracia. Es construir un espacio común donde quepamos todos, creyentes y no creyentes, con la libertad de conciencia garantizada y el respeto mutuo como norma. Por ello, la Alianza UNIDAD haría bien en hacer explícito este compromiso en su campaña: porque sin Estado laico, no hay igualdad; sin igualdad, no hay ciudadanía plena; y sin ciudadanía, no hay democracia digna de ese nombre.