Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.
DESAFÍOS AGRARIOS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN BOLIVIA
CONTEXTO
El sector agrario boliviano se encuentra atrapado en una encrucijada histórica. A pesar de la riqueza natural que posee el país —desde su biodiversidad hasta su potencial agrícola y minero— Bolivia no ha logrado traducir esa abundancia en bienestar para sus ciudadanos rurales. El modelo extractivista y centralista que rigió entre 2006 y 2015, incluso durante el auge de los precios internacionales de los hidrocarburos, no dejó infraestructura sostenible ni mejoró significativamente la productividad agropecuaria ni la seguridad alimentaria. Por el contrario, exacerbó la informalidad, la dependencia de exportaciones primarias y la destrucción ambiental, mientras fomentaba una estructura institucional ineficiente, clientelar y altamente corrupta.
El país presenta hoy una profunda brecha entre oriente y occidente, entre economías agroindustriales y sistemas campesinos de subsistencia. Esta desigualdad territorial se refleja en el acceso desigual a la tierra, a servicios productivos y a oportunidades económicas. En el oriente, predominan las grandes propiedades y una agroindustria dinámica pero concentrada; en el occidente, el minifundio campesino enfrenta límites productivos severos. El saneamiento de tierras se ha convertido en un campo de disputa política, mientras que la ausencia de un mercado legal de tierras y el avance de actividades ilegales como el narcotráfico o el tráfico de mercurio agravan aún más la situación. Bolivia requiere una transformación estructural de su modelo agrario que combine desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental, equidad territorial y seguridad jurídica.
Estas medidas serán el primer paso hacia una Bolivia agraria renovada, equilibrada y competitiva, capaz de generar riqueza con justicia territorial, ambiental y social.
PROPUESTA
Transición hacia una economía post-extractivista, ecológica y diversificada: La Alianza UNIDAD propone un giro estratégico que supere el extractivismo y apueste por una matriz productiva sustentada en la biodiversidad, la innovación y la agroindustria sostenible. Esto incluye políticas de “Deforestación Cero al 2030”, protección de áreas protegidas e impulso de energías renovables (solar, eólica y biodiésel), con incentivos al ecoturismo, la producción orgánica certificada y la conservación como fuente de riqueza.
Reforma integral de la tenencia y uso de la tierra: Se debe consolidar la seguridad jurídica a través de una profunda reestructuración del INRA, un nuevo marco de mercado legal de tierras, y una redefinición de la Función Económico-Social (FES) que priorice sostenibilidad y conservación. Se impulsará un sistema de coparticipación equitativo entre gobierno central y subnacionales (50/50 a partir de 2026), permitiendo a las autonomías gestionar sus recursos con justicia territorial y eficacia productiva.
Relanzamiento del sector productivo rural y agroindustrial: Se plantea una nueva política de desarrollo rural basada en alianzas público-privadas, parques eco-agroindustriales, agroecología y fortalecimiento del emprendimiento rural con enfoque de género. Se promoverá un millón de nuevos emprendimientos en cinco años, priorizando a mujeres y jóvenes rurales. Se incorporará innovación tecnológica en riego, mecanización y certificación orgánica, reconociendo las vocaciones regionales: agroindustria en el oriente, quinua real y turismo ecológico en el altiplano, viticultura y riego intensivo en los valles.
Nuevo pacto ambiental y productivo con las regiones: Las propuestas de UNIDAD coinciden en promover autonomías económicas reales y funcionales. Las ciudades intermedias se convertirán en polos productivos y logísticos para articular cadenas de valor en cada región. Esto permitirá cerrar la brecha entre oriente y occidente, democratizando el acceso al desarrollo. Se impulsará una Agencia Público-Privada de Promoción de Inversiones y Exportaciones, para atraer inversión directa, abrir mercados y facilitar tecnología, con diplomacia económica activa.
Control de actividades ilegales, minería tóxica y narcotráfico: La estrategia incluye la prohibición del tráfico de mercurio y su tratamiento como sustancia controlada, la reversión de concesiones mineras en cabeceras de cuenca y el combate sistemático al oro ilegal y a cultivos excedentarios de coca, complementado por rehabilitación de consumidores y fortalecimiento de FELCN. Todo ello con cooperación internacional y una policía ecológica especializada.
ACCIÓN (Primeros 100 días de gobierno)
Medida clave: Lanzamiento de un “Plan Nacional de Reactivación Productiva Rural y Sustentabilidad Territorial”.
Reestructuración del INRA y auditoría nacional de tierras, con suspensión de nuevos procesos hasta garantizar transparencia y legalidad.
Decreto supremo de protección inmediata de cabeceras de cuenca, derogando concesiones mineras contaminantes y declarando zonas de recuperación hídrica prioritaria.
Convocatoria al Consejo Nacional Agroambiental y Productivo, con representación de gobiernos subnacionales, agroindustria, comunidades campesinas y pueblos indígenas, para definir prioridades regionales y proyectos a financiar.
Lanzamiento del Programa de Apoyo a Emprendimientos Rurales Sostenibles (PAERS), dotado inicialmente con 100 millones de dólares para microcréditos, asistencia técnica y tecnologías limpias en el agro.
Firma de convenios con universidades y centros de investigación para la creación de laboratorios regionales de innovación agrícola, priorizando riego eficiente, certificación ecológica, y reforestación productiva.