Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.
RECUPERAR EL ESTADO, LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO
Con estas medidas, el futuro gobierno puede dar un mensaje claro: en Bolivia no habrá enclaves soberanos al margen del Estado de Derecho. El Chapare debe volver a ser parte del país, con justicia, desarrollo, legalidad y dignidad. La paz verdadera no se construye sobre la impunidad ni el chantaje, sino sobre la verdad, el trabajo y la ley.
CONTEXTO
La región del Chapare se ha convertido, en las últimas décadas, en uno de los epicentros más críticos de la crisis institucional, territorial y de seguridad que atraviesa Bolivia. Este territorio, ubicado en el corazón del país, no solo alberga la mayor concentración de cultivos de coca excedentaria del país, sino que también constituye un enclave político, económico y criminal que opera en gran medida al margen del control efectivo del Estado. La interconexión entre sindicatos cocaleros, redes de narcotráfico, estructuras políticas locales y nacionales, y una institucionalidad estatal debilitada, ha generado una situación de excepcionalidad que mina la soberanía nacional y desfigura las reglas democráticas.
El crecimiento del narcotráfico en el Chapare no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado que ha penetrado las estructuras del poder, erosionado la justicia, corrompido la Policía y minado la confianza ciudadana. El Estado ha sido incapaz de imponer su autoridad de manera integral en la región: no hay presencia efectiva de la justicia, los operativos policiales son sistemáticamente resistidos, y las instituciones públicas son instrumentalizadas por intereses corporativos. Esta situación ha derivado en lo que varios analistas y documentos programáticos describen como una “República Independiente del Chapare”, donde opera una dictadura sindical que desafía abiertamente la legalidad nacional.
Este enclave no solo representa un riesgo para la seguridad nacional, sino también para el desarrollo económico y democrático de Bolivia. Los bloqueos frecuentes, las presiones políticas organizadas, el chantaje sindical y la manipulación corporativa de empresas estatales afectan al conjunto del país. Sin resolver el caso del Chapare, no se podrá recuperar la integridad territorial, ni la democracia plena, ni establecer una economía moderna y transparente.
PROPUESTA
La solución al problema del Chapare exige una política integral y firme, basada en cinco pilares: reafirmación de la soberanía estatal, reconversión productiva, lucha estructural contra el narcotráfico, desmantelamiento del enclave corporativo-cocalero, y desarrollo alternativo y sostenido con justicia territorial.
Reinstitucionalización del Estado y recuperación del control territorial: Se debe garantizar una presencia permanente, eficaz y legal del Estado en el Chapare mediante la reestructuración de la Policía Boliviana (con mandos rotativos y meritocráticos), la creación de una Fiscalía especializada en crimen organizado y narcotráfico, y la instauración de juzgados móviles con protección especial. Todo ello debe estar respaldado por una Comisión Independiente de Fiscalización del Estado en Territorios Críticos.
Erradicación focalizada de cultivos excedentarios y reconversión agrícola: Se propone la aplicación firme de la Ley 1008, con monitoreo satelital y verificación social independiente. La erradicación debe ir acompañada de un Plan Nacional de Reconversión Productiva en el Trópico de Cochabamba, que incentive cultivos alternativos como el banano, el palmito, el café ecológico, el cacao fino de aroma y el turismo rural. Se otorgarán créditos blandos y se promoverán alianzas público-privadas para procesamiento y exportación.
Desmantelamiento del enclave sindical corporativo: La ley debe aplicarse sin excepciones. Se plantea una intervención judicial y contable a las federaciones cocaleras, la suspensión de subvenciones públicas a organizaciones sindicales ligadas al delito y el fin de los contratos irregulares con empresas públicas controladas por grupos de poder local. Asimismo, se revisarán los títulos agrarios colectivos otorgados a federaciones sindicales, priorizando la propiedad individual o comunitaria bajo ley.
Fortalecimiento de la infraestructura estatal y el desarrollo inclusivo: Se debe recuperar y transformar la infraestructura construida en el Chapare en la época del MAS (aeropuertos, plantas industriales, instalaciones deportivas) para usos civiles, productivos, sanitarios y educativos. La meta es establecer una Zona Económica Especial del Chapare bajo control estatal, pero con vocación exportadora agroindustrial y turística.
Reconciliación y diálogo nacional con base en la ley: Toda política de pacificación debe tener como marco la vigencia plena del Estado de Derecho. Se impulsará un Pacto de Legalidad Nacional que involucre a actores regionales, sociales y empresariales, donde el Chapare será considerado una prioridad de seguridad nacional y de reconstrucción del orden republicano.
ACCIÓN
“Plan Chapare, Territorio Nacional”
Durante los primeros cien días de gobierno, se debe activar una intervención multisectorial estatal que incluya:
1. Despliegue permanente de un Comando Especial Conjunto (Policía y Fuerzas Armadas no deliberantes) con apoyo logístico, equipamiento y respaldo jurídico para garantizar el cumplimiento de la ley en zonas de alta criminalidad y resistencia.
2. Auditoría de las empresas públicas con sede o vínculos operativos en el Chapare (YPFB, Emapa, Planta de Urea, etc.), con suspensión de contratos irregulares y designación de interventores.
3. Conformación de un Consejo Interministerial para el Desarrollo del Trópico de Cochabamba, con participación del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Justicia y gobiernos subnacionales. Se iniciará un programa de reconversión agrícola con inscripción de beneficiarios, asistencia técnica y créditos rotativos.
4. Lanzamiento de la campaña nacional “Una Sola República”, con acciones comunicacionales que refuercen el principio de unidad del Estado y la necesidad de construir un país con ley, orden y oportunidades para todos.