Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.
UNA REGIÓN
ARTICULADORA, PRODUCTIVA Y LIBRE DE BLOQUEOS
CONTEXTO
Cochabamba
ocupa una posición estratégica en el corazón de Bolivia: es el nodo geográfico
que conecta al occidente con el oriente y al sur con el norte del país. Su
historia está marcada por una vocación integradora, una diversidad cultural
fértil y una sociedad caracterizada por su dinamismo agrícola, universitario y
emprendedor. Sin embargo, la región se encuentra asediada por obstáculos
estructurales y coyunturales que limitan su pleno desarrollo. Entre ellos
destaca el colapso del modelo económico estatal extractivista, que marginó a
Cochabamba de las decisiones estratégicas, al mismo tiempo que concentró el
poder en un centralismo decadente. Esta situación ha perpetuado la postergación
de obras de infraestructura, como la carretera al Beni y los proyectos
hidroeléctricos; ha mantenido al agro subexplotado; y ha debilitado la
institucionalidad local mediante el uso político del aparato estatal.
Uno de los
mayores flagelos que impide el despegue cochabambino es la dictadura sindical
cocalera en el Chapare. Esta estructura de poder paralelo ha sustituido de
facto al Estado en la región, ejerciendo control territorial, cooptación
política y violencia sistemática contra quienes se oponen a su hegemonía. La
práctica sistemática de bloqueos, utilizada como herramienta extorsiva contra
el país entero, ha estrangulado la economía regional, aislando a Cochabamba y
desacreditándola como polo logístico nacional. El desafío de Cochabamba, por
tanto, no es solo económico o técnico: es profundamente político y civilizatorio.
La lucha por liberar el departamento de la cultura de la violencia, el chantaje
y la impunidad es condición sine qua non para construir una región moderna,
inclusiva y articulada al siglo XXI.
PROPUESTA
Para
transformar estructuralmente la situación de Cochabamba se plantea un conjunto
de soluciones articuladas en cinco ejes estratégicos, que emergen tanto del
diagnóstico compartido por la Alianza UNIDAD como de las propuestas nacionales
adaptadas a la realidad cochabambina:
Regionalización
del desarrollo con autonomías económicas reales: Se propone la implementación inmediata de un nuevo Pacto Fiscal que
redistribuya equitativamente los recursos generados por el litio, los
hidrocarburos y otros sectores estratégicos. Cochabamba debe cogestionar sus
propios recursos, y conformar un Consejo Departamental de Desarrollo con
representación del gobierno central, gobiernos municipales y actores
productivos. Se trata de descentralizar no solo el gasto, sino también la
planificación y la ejecución del desarrollo regional. El Chapare debe dejar de
ser un feudo sindical y transformarse en una región productiva, democrática y
conectada al resto del país bajo el imperio de la ley.
Revolución
productiva, agrícola y tecnológica: Cochabamba
puede duplicar su producción agropecuaria con inversiones en riego,
digitalización del agro y uso de semillas mejoradas. Esto requiere seguridad
jurídica, formalización de la tierra y eliminación de trabas burocráticas.
Además, se plantea el impulso a un ecosistema emprendedor que permita la
creación de al menos 150.000 nuevos emprendimientos en los próximos cinco años,
en turismo, agroindustria, tecnología y economía creativa. Se debe convertir a
Cochabamba en un nodo de la economía del conocimiento, aprovechando su
infraestructura universitaria y su capital humano para incubar innovación y
atraer inversión.
Reconstrucción
de la institucionalidad y lucha frontal contra la corrupción: La región
debe liderar una nueva era de gestión pública meritocrática, con gobiernos
subnacionales digitalizados, auditorías ciudadanas y un Observatorio de la
Transparencia. Se implementará una ley nacional de recuperación de bienes
saqueados por la corrupción. Las entidades estatales (YPFB, ENDE, ABC) con presencia
en el departamento deben ser reformadas, depuradas y auditadas. La gestión
pública debe pasar de la mediocridad clientelar al profesionalismo técnico.
Orden
público, tolerancia cero a bloqueos y pacificación del Chapare: Se
establecerá una política nacional de tolerancia cero frente a los bloqueos.
Esto incluye medidas legales y financieras para desmantelar las redes que los
organizan, así como la intervención institucional del Estado en el Chapare,
donde se garantizará la vigencia plena de los derechos civiles y el control
territorial legítimo. La pacificación del trópico debe ir acompañada de
inversiones sociales, alternativas económicas y programas dirigidos a las
nuevas generaciones, con enfoque de transición post-coca y desarrollo lícito.
Educación
transformadora y capital humano competitivo: Cochabamba debe ser modelo de una nueva educación
para el siglo XXI. Se invertirá en escuelas seguras, bilingües, tecnológicas y
orientadas al emprendimiento, con currículo renovado que incluya programación,
inglés y habilidades financieras. Se promoverán centros de formación técnica en
alianza con universidades, empresas y gobiernos locales. La educación debe ser
la piedra angular del nuevo contrato social regional.
ACCIÓN (primeros 100 días)
Durante los
primeros cien días de gobierno se instalará el Consejo Departamental de Desarrollo de Cochabamba, encargado de
diseñar e iniciar la implementación del nuevo pacto fiscal descentralizado y
participativo. Se declarará prioridad nacional la construcción de la carretera
Cochabamba-Beni, asegurando su ejecución con criterios de sostenibilidad
ambiental y respeto al TIPNIS. Al mismo tiempo, se aprobará una política de tolerancia cero a los bloqueos, con
protocolos interinstitucionales de prevención y respuesta inmediata, así como
la activación de mecanismos financieros para atacar las fuentes de
financiamiento ilegales de estas medidas extorsivas.
Paralelamente,
se lanzará el Plan Cochabamba Emprende,
con la instalación de tres hubs tecnológicos en Cercado, Quillacollo y el Valle
Alto, y la habilitación de líneas de crédito especiales para la agricultura de
precisión, turismo comunitario y economía digital. Se iniciará un proceso de
auditoría de las empresas públicas regionales, y se implementará la ley de
recuperación de activos públicos saqueados. En educación, se priorizará la instalación
de conectividad digital en 100 unidades educativas, y se firmará un Acuerdo
Regional de Calidad Educativa con metas, recursos y evaluación anual pública,
vinculada al OPCE. Todo esto estará articulado con la comunidad universitaria,
las organizaciones civiles y los gobiernos locales.