ECOLOGÍA Y DESARROLLO

Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.

HACIA UN NUEVO COMPROMISO VERDE

CONTEXTO

Bolivia atraviesa una grave crisis ambiental que forma parte del colapso de un modelo de desarrollo agotado. Durante las últimas décadas, el país ha dependido de un esquema extractivista y rentista basado en la sobreexplotación de hidrocarburos, minería y expansión agroindustrial, lo que ha traído como consecuencia la destrucción acelerada del patrimonio natural, el empobrecimiento de los suelos, la contaminación de fuentes hídricas y la pérdida masiva de biodiversidad. Entre 2019 y 2024, se quemaron más de 23 millones de hectáreas de bosques y campos, sin un solo plan efectivo de reforestación. El debilitamiento de la normativa ambiental y la cooptación política de las entidades de control han agravado el problema.

A esta devastación se suma una ineficiente gobernanza ambiental: instituciones fragmentadas, sin recursos, sin autonomía ni capacidad técnica, han sido cómplices de desmontes ilegales, del tráfico de mercurio y del colapso de los parques nacionales. El modelo vigente no solo ha fracasado en proteger la naturaleza; ha dejado a Bolivia rezagada frente a las nuevas dinámicas económicas del siglo XXI, donde la transición ecológica, la innovación tecnológica y la sostenibilidad son las claves del desarrollo global. Esta situación, sin embargo, ofrece una oportunidad única: la de reconstruir un nuevo pacto verde entre los bolivianos, capaz de unir justicia ambiental con progreso económico, dignidad humana y soberanía. 

 

PROPUESTA

Transición ecológica hacia un modelo post-extractivista

La Alianza UNIDAD plantea abandonar gradualmente el extractivismo rentista, promoviendo una economía diversificada basada en la innovación, la productividad sostenible y el respeto a la naturaleza. Esto implica:

• Adoptar un modelo de "crecimiento con desarrollo" sostenible, priorizando actividades económicas regenerativas: agroecología campesina, bioeconomía, ecoturismo, manufactura verde y energías limpias.
• Impulsar una economía circular, reduciendo residuos, reutilizando recursos y promoviendo procesos productivos de bajo impacto.
• Estimular el emprendimiento verde, priorizando jóvenes, mujeres y comunidades locales, articulando educación, tecnología y economía popular.

Naturaleza protegida y restaurada: deforestación cero y gestión integral

• Establecer como meta nacional el compromiso de Deforestación Cero al 2030, con apoyo de vigilancia satelital, inteligencia artificial y participación ciudadana.
• Derogar las llamadas "leyes incendiarias" y sancionar con penas de hasta 30 años de cárcel a quienes promuevan la quema ilegal de bosques.
• Promover la reforestación masiva con especies nativas (10 millones de árboles por año) y la regeneración natural asistida, especialmente en zonas degradadas del oriente boliviano.
• Consolidar corredores biológicos que conecten al menos 15 áreas protegidas y territorios indígenas, garantizando soberanía ecológica y seguridad hídrica.

Agua, energía y suelo: nueva gestión de los bienes comunes

• Impulsar un Plan Nacional de Gestión Hídrica, protegiendo cabeceras de cuenca, prohibiendo concesiones mineras en zonas sensibles y promoviendo cosecha de agua en zonas secas.
• Declarar al mercurio como sustancia prohibida, iniciando su erradicación progresiva, en coordinación con organismos internacionales y tratados vigentes.
• Adoptar una estrategia de recuperación de suelos degradados (ej. meta inicial: 500.000 hectáreas en tierras bajas), combinando prácticas agroecológicas, incentivos financieros y asistencia técnica.
• Acelerar la transición energética hacia fuentes limpias (solar, eólica, geotérmica, hidrógeno verde), incorporando incentivos fiscales, infraestructura de carga para vehículos eléctricos y alianzas con la industria.

Gobernanza ecológica, transparencia y participación ciudadana

• Crear un Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental y Climático, basado en datos abiertos, tecnología satelital y redes de sensores en tiempo real.
• Fortalecer e institucionalizar al SERNAP, INRA, autoridades forestales y ambientales, dotándolas de independencia, meritocracia, presupuesto adecuado y control ciudadano.
• Establecer una fuerza policial ecológica especializada en crímenes ambientales, con coordinación interinstitucional y respaldo internacional.
• Desarrollar la Plataforma Bolivia Verde, un portal digital ciudadano para denuncias, acceso a datos ambientales y participación en la fiscalización pública.

Litio y soberanía verde: una nueva frontera

• Impulsar una Ley de Litio consensuada, que regule su explotación, priorice la industrialización con valor agregado, y garantice la inserción de Bolivia en la cadena global de baterías, bajo criterios ambientales y sociales exigentes.
• Eliminar el monopolio estatal de la explotación primaria, manteniendo el control soberano a través de alianzas público-privadas transparentes.
• Establecer como principio inviolable que los excedentes del litio se inviertan exclusivamente en educación, salud y transición energética.
• Convocar a una Alianza Sudamericana por la Energía Limpia, que articule esfuerzos regionales para posicionar a América Latina como actor global en la transición ecológica.

ACCIÓN (primeros 100 días de gobierno)

En los primeros cien días de gobierno, la prioridad será declarar la emergencia ambiental y climática nacional, abriendo paso a una profunda reorientación institucional y normativa. Se establecerá un Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental con vigilancia satelital y tecnología de datos abiertos, y se lanzará el Plan Nacional de Reforestación 2025–2030, con el objetivo inicial de plantar diez millones de árboles y recuperar ecosistemas degradados. Paralelamente, se derogarán las leyes que promueven desmontes y se iniciará una auditoría integral de concesiones ilegales. También se blindarán las áreas protegidas y territorios indígenas frente a la depredación, y se prohibirá el tráfico de mercurio, reemplazándolo por tecnologías limpias en la minería aurífera.

El gobierno presentará una Ley de Litio consensuada, que garantice control soberano, industrialización con valor agregado y uso exclusivo de sus excedentes en salud, educación y transición energética. Se creará la Plataforma Bolivia Verde para participación ciudadana, denuncias ambientales y transparencia en tiempo real. Finalmente, se pondrá en marcha la Escuela Nacional de Educación Ambiental, integrada al nuevo currículo ecológico, con énfasis en sostenibilidad, ciencia y desarrollo humano. Estas acciones inaugurarán una nueva gobernanza ambiental, moderna, transparente y participativa, que convertirá a Bolivia en líder regional de la transición ecológica.