Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.
CENTRO DEL CAMBIO NACIONAL Y SOCIAL
I. CONTEXTO
La Paz, como sede del gobierno y epicentro
institucional del Estado boliviano, refleja con nitidez la crisis estructural
que aqueja al país. El modelo centralista que ha imperado por décadas ha
convertido a la ciudad en un nodo burocrático hipertrofiado, concentrador de
decisiones y recursos, pero incapaz de responder con eficacia a las demandas
ciudadanas. El Alto, su metrópoli hermana, con más de un millón de habitantes y
la mayor ciudad aymara del mundo, sufre una histórica postergación y
marginación. Las profundas asimetrías en la distribución de recursos y
oportunidades entre estas dos ciudades, que forman un mismo sistema
metropolitano, expresan las contradicciones del centralismo autoritario y
extractivista que domina Bolivia desde hace 20 años.
El deterioro económico —marcado por la escasez de
divisas, el endeudamiento insostenible y el estancamiento productivo— se siente
con fuerza en La Paz, donde miles de jóvenes buscan oportunidades que el actual
modelo no les ofrece. A ello se suman el colapso de los servicios públicos, el
clientelismo en la administración estatal y la sobrecarga institucional en un
aparato gubernamental sobredimensionado, pero ineficiente. La necesidad de una
transformación profunda del modelo de desarrollo, con más descentralización, innovación
y justicia territorial, es hoy una urgencia histórica. La Paz debe dejar de ser
símbolo de centralismo y convertirse en vanguardia de un nuevo pacto nacional
de progreso, inclusión y transparencia.
PROPUESTA
Transformar La Paz en el nodo de una república
digital, eficiente y descentralizada: La propuesta de la Alianza UNIDAD parte de una
reingeniería institucional profunda: La Paz será sede del nuevo "Gobierno
Digital", mediante la fusión de funciones hoy dispersas en entidades como
AGETIC, ATT, ADSIB y ENTEL. Este nueva institucionalidad liderará la
digitalización de trámites, la transparencia del gasto público y la
modernización de la burocracia, comenzando por la administración pública con
sede en la ciudad. La Paz se convertirá en un laboratorio nacional de Gobierno Abierto, con estándares
internacionales de rendición de cuentas y eficiencia.
La Paz, Ciudad Sede: merece un estatus especial como
ciudad sede, similar al de Washington D.C. o la Ciudad de México, que combinan
soberanía política con rol cultural y diplomático. Como capital federal,
alberga organismos internacionales, embajadas y misiones diplomáticas, lo que
la convierte en epicentro del saber universal. Esta condición sustenta una
agenda cultural robusta: museos, foros, centros artísticos y encuentros
académicos que atraen talento global y fortalecen la identidad nacional. La
Paz, por tanto, debe ser reconocida formalmente como «Distrito Cultural y
Diplomático», garantizando protección constitucional y recursos para consolidar
su liderazgo en la diplomacia, las artes, la ciencia y el intercambio
internacional.
El Alto: autonomía, justicia y revolución educativa: La transformación de El Alto exige
una acción afirmativa de desarrollo. Se propone su declaración como “Zona Económica Especial de Innovación
Productiva”, con autonomía en la gestión de emprendimientos, educación
técnica y políticas públicas adaptadas a su realidad. La Alianza UNIDAD plantea
instalar en El Alto centros de
formación tecnológica de nivel superior, que incluyan robótica,
programación, inteligencia artificial e inglés, como núcleo de una futura
economía digital boliviana. El objetivo es que la ciudad sea el “Silicon Valley” de los Andes, con
un ecosistema emprendedor sustentado en la juventud.
Descentralización y nuevo pacto fiscal con base en
autonomías económicas: Se implementará
el modelo de “Autonomías Económicas”:
La Paz y sus municipios no solo recibirán transferencias, sino que cogestionarán sus recursos naturales,
turísticos y presupuestarios. Esto implica activar Consejos
Departamentales de Desarrollo con participación ciudadana y empresarial, y
recuperar el espíritu del régimen autonómico. Se iniciará además el debate de un nuevo Pacto Fiscal desde
La Paz, que revierta el actual desequilibrio en la asignación de recursos y
competencias.
Auditoría institucional y cierre de entidades
innecesarias: En
coherencia con la política nacional de eficiencia del Estado, se ejecutará
desde La Paz una auditoría
técnica-financiera a las entidades públicas radicadas en el departamento,
muchas de las cuales duplican funciones o actúan como cajas políticas del MAS.
Se plantea cerrar varias de estas instituciones e institucionalizar todas las funciones críticas por mérito, no por
filiación partidaria. Un caso emblemático es el de Mi Teleférico, cuya deuda millonaria será objeto de revisión, con
evaluación de su viabilidad financiera y social.
Reorientar los excedentes nacionales hacia
educación, salud y lucha contra la pobreza: La sede de gobierno liderará el rediseño del uso
de los excedentes del litio, el gas y
los recursos naturales, mediante una ley que asigne esos fondos exclusivamente a la educación y la salud.
La Paz será el epicentro de la distribución transparente de estos recursos, que
financiarán una red de atención
primaria en salud pública en zonas periurbanas en todo el país, así como
la conclusión y equipamiento de centros
oncológicos departamentales.
III. ACCIÓN (los
primeros 100 días)
En los primeros 100 días de gobierno, se instalará
en La Paz el Centro Nacional de
Gobierno Abierto y Anticorrupción, con una unidad de control digital de
gastos públicos, una comisión ciudadana de auditoría institucional y la
implementación del expediente electrónico para todos los trámites
gubernamentales con sede en la ciudad. Paralelamente, se reducirá en al menos
un 20% el gasto corriente de ministerios y entidades públicas radicadas en La
Paz, y se aprobará una ley para cerrar entidades inútiles y politizadas. Se
presentará un proyecto de ley para la
profesionalización meritocrática del servicio público, con concursos
abiertos y auditoría externa de los procesos. El Alto será prioridad política.
Se lanzará un plan inmediato para crear el primer centro de innovación digital público del país en esa
ciudad, con financiamiento inicial de cooperación internacional, capacitación
gratuita en programación, software y comercio electrónico.
Se iniciará la reforma del currículo educativo departamental, con enfoque en
tecnologías, inglés y emprendimiento. Además, se firmará el primer convenio tripartito entre el Gobierno
Central, la Gobernación de La Paz y el Gobierno Municipal de El Alto,
para iniciar el diseño de una zona
económica especial con incentivos tributarios, fondo de inversión y promoción
exportadora. A nivel social, se garantizará la entrega de medicamentos oncológicos y se pondrán en funcionamiento
los centros de salud abandonados.