Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLAN NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONTEXTO
Bolivia enfrenta un desequilibrio profundo en su modelo territorial y urbano, que se expresa en la desconexión entre la concentración poblacional —más del 70% de los bolivianos habita en 28 aglomeraciones urbanas identificadas por ONU-Habitat— y la ausencia de una visión estatal integral sobre el territorio. Este vacío ha generado ciudades que crecen de forma caótica, con servicios públicos insuficientes, fuerte segregación social y vulnerabilidad frente a crisis económicas, sanitarias o climáticas. A ello se suma una planificación urbana ineficaz, basada en instrumentos obsoletos y sin respaldo institucional efectivo, que ha sido incapaz de garantizar una gestión justa del suelo ni frenar la expansión descontrolada de los asentamientos.
El centralismo fiscal y la debilidad de las autonomías territoriales refuerzan estas desigualdades. La crisis fiscal actual y la obsolescencia del modelo extractivista exigen una nueva forma de entender el desarrollo urbano y territorial: una transición hacia ciudades inteligentes, inclusivas, verdes y resilientes, que sirvan como motores de una economía diversificada y de un nuevo pacto social. Este nuevo paradigma exige devolver poder de decisión y recursos a las regiones, promover la cogestión del territorio y democratizar el acceso a oportunidades y servicios básicos.
Adopción de una Política Nacional de Desarrollo Urbano: El nuevo gobierno impulsará una política urbana de alcance nacional que garantice ciudades compactas, accesibles, seguras, sostenibles e integradas al sistema territorial nacional. Esta política incluirá la promoción de inversiones en agua potable, saneamiento, movilidad, vivienda digna, espacios públicos y digitalización urbana, con prioridad en áreas metropolitanas y ciudades intermedias.
Implementación de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial: Se establecerá un sistema coordinado de planificación territorial que articule el desarrollo económico, social y ecológico de Bolivia. El plan se regirá por criterios de justicia territorial, sostenibilidad ambiental y descentralización. Se apoyará en un Sistema Nacional de Planificación Plural Participativa y en la modernización del catastro territorial, incluyendo mapas productivos, sociales y ecológicos, para orientar mejor la inversión pública y prevenir conflictos.
Ciudades y Entidades Autónomas: Se liderará la implementación de políticas urbanas y territoriales, se consolidará la autonomía subnacional y se coordinará la planificación territorial, el financiamiento público y la inversión privada. Estas políticas serán acompañadas desde una Agencia Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible y una red de Consejos Ciudadanos Metropolitanos con funciones de planificación, fiscalización y control social.
Nueva Gobernanza Multinivel y Pacto Fiscal Territorial: Se promoverá una descentralización real, con recursos y competencias claras para gobiernos subnacionales. Se negociará un nuevo pacto fiscal que asegure que el 50% de los nuevos ingresos fiscales se transfiera directamente a municipios y gobernaciones para inversión en salud, educación e infraestructura urbana básica, superando así el centralismo histórico.
Justicia territorial y post-extractivismo: La estrategia territorial estará al servicio de una economía diversificada basada en la agroindustria, la economía verde y digital, el turismo sostenible y los servicios. Se protegerán las áreas naturales e indígenas frente a actividades extractivas ilegales y se impulsará la eliminación gradual del subsidio a los combustibles fósiles, promoviendo energías limpias y movilidad eléctrica urbana.
ACCIÓN (los primeros 100 días)
Durante los primeros tres meses de gestión, el gobierno iniciará un plan de Emergencia Territorial, que declarará prioridad nacional la formulación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Se conformará un Consejo Interministerial de Desarrollo Territorial con participación de los nueve gobiernos departamentales, la FAM, AMB, FEJUVEs, universidades y sectores productivos. Este consejo tendrá como primera tarea elaborar la hoja de ruta para el nuevo sistema nacional de planificación territorial, fijar metas para la construcción de los primeros 10 Centros Comunitarios Ciudadanos (CCC), iniciar el catastro digital en tres regiones piloto (Santa Cruz metropolitana, El Alto y Cochabamba), y lanzar una consulta pública digital nacional sobre prioridades urbanas y territoriales.
Simultáneamente, se presentará al Legislativo el proyecto de Ley Marco de Ordenamiento Territorial y Justicia Espacial, que institucionaliza el sistema de planificación territorial y establece criterios técnicos y sociales para el uso del suelo, el reparto equitativo de infraestructuras, y la inversión pública orientada por mapas de vulnerabilidad y potencialidad territorial. Además se firmarán convenios de cogestión con al menos cinco alcaldías y gobernaciones prioritarias, y se lanzará el “Programa Territorios Digitales”, con fondos semilla para modernización catastral y gestión territorial participativa. Esta batería de acciones sentará las bases para un modelo de desarrollo más justo, sostenible y descentralizado.