Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.
CONTEXTO
Bolivia atraviesa una de las crisis económicas más
graves de las últimas décadas. La caída de ingresos por exportaciones, el
agotamiento del gas natural, el creciente endeudamiento y los déficits fiscales
estructurales han reducido drásticamente la capacidad del Estado para sostener
el gasto público. En este contexto, algunos sectores tecnocráticos proponen
recortes drásticos en el gasto social, incluyendo la eliminación de bonos como
el Juancito Pinto, la Renta Dignidad o el bono Juana Azurduy,
bajo el argumento de que ya no existen los excedentes que los financiaban.
Sin embargo, una visión socialmente responsable y
políticamente democrática, como la que postula la Alianza UNIDAD, sostiene que
estos bonos no son un privilegio sino un derecho adquirido y un pilar esencial
de protección para los más vulnerables. Además de cumplir un rol
redistributivo, estas transferencias tienen un efecto dinamizador en la
economía interna, especialmente en las regiones más pobres del país. Renunciar
a ellos en nombre de la austeridad no solo sería injusto, sino también
contraproducente. Lo que el país necesita es una estrategia de ajuste con
rostro humano: racionalizar el gasto donde hay derroche, pero proteger
donde hay necesidad.
PROPUESTA
En este marco, proponemos una estrategia integral
para mantener y fortalecer los bonos
sociales, haciéndolos más sostenibles, focalizados y articulados con
políticas de inclusión productiva y desarrollo humano:
Blindar
constitucional y presupuestariamente los bonos sociales: Se debe establecer que los bonos Juancito Pinto, Juana
Azurduy, Renta Dignidad y el bono para personas con discapacidad
sean inalienables, irrenunciables y no
sujetos a recortes arbitrarios. Para ello, se utilizarán mecanismos de
financiamiento mixtos: reasignaciones de gasto público, nuevos ingresos progresivos y cooperación internacional orientada a la protección
social.
Reformar el
sistema de asignación con un Registro Social de Hogares: Para evitar filtraciones, superposiciones y fraudes, se creará un Registro Social de Hogares digitalizado,
interoperable y territorialmente focalizado, que permita identificar con
precisión a los beneficiarios reales. Este sistema se articulará con el padrón
biométrico, la base de datos del sistema educativo, el sistema de salud y los
registros laborales y tributarios.
Vincular los
bonos a estrategias de movilidad social: Los bonos
no deben ser vistos como una dádiva perpetua, sino como una inversión en el capital humano del país. Por eso, se propondrá
un rediseño programático que los vincule con condiciones e incentivos:
- Juancito Pinto, acompañado de tutorías
escolares, y control de asistencia.
- Juana Azurduy, articulado con controles
prenatales y acceso a salud neonatal.
- Bono a personas con discapacidad,
complementado con formación laboral y servicios de apoyo.
- Renta Dignidad, con convenios para uso
preferente en medicamentos, alimentación y transporte público.
Crear
fuentes alternativas de financiamiento: Dado que
los recursos del IDH han disminuido, se plantea diversificar las fuentes de
financiamiento de los bonos mediante:
- Eliminación de empresas estatales deficitarias y redirección de
esos recursos al gasto social.
- Reforma del gasto público que reduzca el aparato burocrático
improductivo y privilegie el gasto social focalizado.
- Utilización de instrumentos de cooperación internacional orientados a protección social (p. ej., BID, CAF, UE).
Proteger y
ampliar la cobertura de servicios básicos como derecho: Los bonos deben formar parte de un pacto social mínimo, que garantice condiciones materiales de vida
digna: acceso a salud, educación, agua, electricidad, saneamiento y conectividad.
Esto debe acompañarse de programas específicos para mujeres, pueblos indígenas, juventudes excluidas y personas con
discapacidad, fortaleciendo así un enfoque de derechos y no de
asistencialismo.
ACCIÓN
En los primeros 100 días de gobierno, se blindarán los bonos sociales como derechos adquiridos, evitando su
eliminación o reducción sin justificación legal y social. Se pondrá en marcha
de inmediato un Registro Social de Hogares moderno y territorialmente
focalizado, con participación del INE y de los gobiernos subnacionales,
para garantizar que las transferencias lleguen efectivamente a quienes más las
necesitan.
Paralelamente, se procederá a la reestructuración del aparato estatal, eliminando o fusionando al menos cinco empresas públicas deficitarias y transfiriendo sus recursos al nuevo Fondo de Bonos Sociales y Servicios Básicos. Se conformará una Comisión de Evaluación para rediseñar los bonos con base en evidencia, eficiencia e inclusión. Además, se firmarán convenios con organismos internacionales —como el Banco Mundial o la UE— para canalizar cooperación técnica y financiera orientada exclusivamente a fortalecer la red de protección social bajo condiciones de transparencia y resultados.