TARIJA

Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.

TARIJA RENACE
PARA RECUPERAR EL RUMBO

 

CONTEXTO:

Tarija es uno de los departamentos más ricos de Bolivia en términos de recursos naturales, pero también uno de los que más claramente reflejan el fracaso de un modelo económico centralista, extractivista y corrupto. Durante la bonanza gasífera (2006–2015), Tarija recibió más de 9.000 millones de dólares en ingresos, una cifra sin precedentes. Sin embargo, esa fortuna no se tradujo en progreso estructural ni en bienestar sostenido para su población. Hoy, el 31,4% de los tarijeños vive en pobreza y el 9,9% en pobreza extrema. Las represas construidas no riegan; las carreteras siguen inconclusas; los hospitales no atienden enfermedades catastróficas; y muchos jóvenes migran buscando futuro. El "milagro gasífero" fue administrado como botín, sin visión de desarrollo.

El Estado central —lejano, burocrático y voraz— ha seguido apropiándose de la riqueza de Tarija sin devolverle servicios, autonomía ni oportunidades reales. Las decisiones sobre sus recursos se toman en La Paz, y los retornos son mínimos. Este modelo fallido se complementa con una institucionalidad local también debilitada por el despilfarro, el clientelismo y la falta de planificación. A ello se suma el agotamiento del modelo gasífero, la escasez de inversiones en exploración y la caída de reservas, que agravan aún más la situación económica. La falta de conectividad vial, el abandono de proyectos hidroeléctricos estratégicos como Carrizal y la presión ambiental sobre la cuenca del Pilcomayo completan el cuadro de postergación.

Tarija simboliza con claridad el drama de Bolivia: riqueza desaprovechada, centralismo asfixiante, falta de visión y corrupción impune. Pero también representa una oportunidad de reconstrucción: si se cambia el modelo, se empodera al departamento y se apuesta por su capital humano y productivo, Tarija puede convertirse en uno de los motores de un nuevo país.

PROPUESTA:

La transformación de Tarija debe partir del reconocimiento de su derecho a cogestionar sus recursos, decidir su destino y protagonizar su desarrollo. La propuesta de la Alianza UNIDAD plantea un nuevo pacto político, fiscal y productivo con Tarija, orientado por cinco ejes estratégicos:

Autonomía económica y pacto fiscal justo

Se establece un nuevo régimen de cogestión de recursos naturales, en el que el 50% de los nuevos ingresos por hidrocarburos serán administrados directamente por las entidades subnacionales. En el caso de Tarija, ese 50% se invertirá exclusivamente en tres áreas: infraestructura hídrica, agricultura con riego eficiente y carreteras estratégicas, incluyendo la conclusión del corredor bioceánico y la integración vial con Paraguay y Chile.

Diversificación productiva, formalización y revolución exportadora

Tarija debe dejar de ser solo una región gasífera. Se promoverá su vocación vitivinícola, su potencial turístico, su producción de camélidos y quinua real, y su capacidad agroindustrial. La propuesta incluye:

• Incentivos fiscales para la formalización de pequeños productores y emprendedores.
• Simplificación de trámites, capacitación técnica, financiamiento y apoyo en mercados para generar 80.000 nuevos emprendimientos en Tarija en cinco años.
• Promoción de clústeres de valor agregado en vino, singani, frutas, miel y productos ecológicos andinos.

Educación y salud como prioridades del excedente

Los excedentes generados por el gas y el litio se destinarán exclusivamente a dos áreas estructurales: educación y salud. Para Tarija, esto implica:

• Modernización total del sistema educativo, desde preescolar hasta secundaria, con foco en inglés, emprendimiento, programación y educación financiera.
• Creación de centros de innovación pedagógica y técnica.
• Construcción de centros oncológicos y de atención especializada para enfermedades catastróficas.
• Fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, incluyendo guarderías, centros nutricionales y servicios integrados.

Infraestructura funcional y sostenible

Se plantea la reactivación de proyectos clave abandonados o mal ejecutados:

• Triplicación del riego agrícola, pasando de 3.500 a 10.500 hectáreas productivas con sistemas modernos y fiscalizados.
• Finalización de los tramos inconclusos de la carretera al Chaco.
• Evaluación técnica y reactivación del proyecto hidroeléctrico de Carrizal para uso energético y riego.

Reforma institucional, transparencia y gobierno abierto

La gestión pública en Tarija será transformada por tres principios: meritocracia, rendición de cuentas y eficiencia:

• Auditoría integral a todas las inversiones realizadas con ingresos del gas.
• Digitalización completa de la gestión departamental y municipal.
• Selección de autoridades técnicas por concurso de méritos y transparencia en las licitaciones públicas.

 

ACCIÓN: (decisiones en los primeros 100 días de gobierno)

Para comenzar la transformación de Tarija desde el primer día, se ejecutarán las siguientes medidas prioritarias:

En los primeros cien días de gobierno, se promulgará un decreto supremo que establecerá la cogestión regional de los recursos naturales y una distribución equitativa de ingresos (50%-50%) entre el Estado central y las entidades subnacionales, permitiendo a Tarija crear su propio Fondo Regional de Infraestructura Productiva. Simultáneamente, se lanzará el Plan Tarija Emprende, que beneficiará a 10.000 nuevos emprendedores con capacitación, financiamiento inicial, asesoramiento técnico y beneficios fiscales, impulsando así la formalización y dinamización económica desde la base local.

Además, se implementará una auditoría técnica independiente para evaluar las represas de riego, identificar las fallidas y reactivar aquellas con potencial productivo, mientras se pondrá en marcha un plan de emergencia sanitaria que garantice medicamentos, especialistas y fortalecimiento del primer nivel de atención. Finalmente, se creará el Consejo Departamental de Desarrollo Productivo, un órgano plural y autónomo encargado de coordinar la transformación estructural del departamento, con metas verificables y participación activa de los sectores público, privado y social.

Tarija no necesita más promesas; necesita poder decidir, invertir y producir. La Alianza UNIDAD propone un nuevo contrato político con el departamento, donde el gas no sea maldición ni botín, sino semilla de un futuro construido sobre educación, emprendimiento, infraestructura funcional y una institucionalidad decente. Tarija puede ser punta de lanza del nuevo país. Para eso, debemos empezar ya.

 

EL BENI

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SUPERAR EL ABANDONO
LIBERAR SU POTENCIAL

I. CONTEXTO

El departamento del Beni ha sido históricamente uno de los más marginados por el centralismo estatal, a pesar de su inmenso valor geoestratégico, biodiverso y productivo. Enclavado en el corazón amazónico, con una riqueza natural extraordinaria y un potencial agropecuario y turístico aún subexplotado, Beni continúa atrapado en la pobreza estructural: el 44% de su población vive en pobreza y el 16% en extrema pobreza. La falta de conectividad vial, el abandono institucional y la débil presencia del Estado han sido factores persistentes de exclusión.

Las brechas en infraestructura y servicios básicos, como electricidad, saneamiento y acceso digital, se agravan por una vulnerabilidad ambiental extrema —inundaciones recurrentes, incendios forestales y deforestación— y una institucionalidad capturada por la corrupción y el clientelismo. El modelo económico extractivista y centralista, agotado y desacreditado, ha tratado a Beni como una periferia subordinada, impidiendo que los benianos gestionen su propio destino. Hoy, más que nunca, se requiere una propuesta audaz, que combine descentralización efectiva, justicia territorial y empoderamiento productivo local.

 

II. PROPUESTA

Infraestructura para la integración territorial y digital

• Carreteras estratégicas: Priorizar la construcción y conclusión de la vía Cochabamba–Beni y la carretera Trinidad–Guayaramerín, con plena protección ambiental del TIPNIS y consultas previas. Culminar el puente sobre el río Mamoré y articular el corredor logístico Oeste-Norte para integrar Beni con Pando y el resto del país.
• Energía y protección contra inundaciones: Conectar a Beni al Sistema Interconectado Nacional y construir los cuatro deflectores hidráulicos prometidos para Trinidad. Impulsar proyectos hidroeléctricos sostenibles en la cuenca del Mamoré.
• Conectividad digital: Expandir la red de fibra óptica y acceso a Internet en zonas urbanas e intermedias, garantizando inclusión tecnológica educativa, productiva y gubernamental.

Autonomía económica y desarrollo productivo sostenible

• Cogestión de recursos: Establecer Consejos Departamentales de Desarrollo con participación estatal, departamental y municipal para planificar y ejecutar obras y proyectos, y para cogestionar los recursos naturales y presupuestarios del departamento. Distribuir el 50% de nuevos ingresos por recursos naturales a las regiones.
• Sector forestal y agroindustrial: Crear zonas francas de manufactura forestal en Riberalta y Guayaramerín para muebles, papel y productos derivados. Controlar el contrabando de madera y castaña, y facilitar su exportación aérea desde la región mediante BoA.
• Emprendimiento y turismo: Implementar un ecosistema emprendedor con incentivos fiscales, incubadoras de empresas y formación técnica. Posicionar al Beni como eje del ecoturismo amazónico, con formación intensiva en hotelería, gastronomía y guías turísticos certificados.

Educación y capacidades para el siglo XXI

• Educación de calidad y conectada: Dotar de infraestructura funcional, docentes preparados y materiales pedagógicos a escuelas rurales e indígenas. Promover el aprendizaje del inglés técnico, programación, IA y habilidades digitales desde primaria.
• Formación técnica regionalizada: Crear institutos tecnológicos públicos en Riberalta, Trinidad y San Borja vinculados al perfil productivo local: agroindustria, servicios turísticos, logística y gestión forestal.
• Evaluación educativa y equidad: Implementar un sistema de evaluación permanente de aprendizajes y reactivar los consejos educativos departamentales.

Instituciones limpias, transparentes y al servicio del Beni

• Reforma del INRA: Refundarlo para garantizar procesos de saneamiento y distribución de tierras con transparencia, meritocracia y cogestión entre el gobierno central y la Gobernación.
• Gobierno digital y abierto: Despapelizar la administración pública departamental y municipal mediante plataformas digitales interoperables, con participación ciudadana en línea.
• Lucha frontal contra la corrupción: Promover auditorías integrales en YPFB, ENDE, ABC y el SERNAP, y aprobar una ley de recuperación de bienes mal habidos por corrupción.

Defensa ecológica y reforestación

• Fuerza ecológica especializada: Crear una unidad policial ambiental con presencia en Beni, capaz de prevenir y sancionar incendios e invasiones ilegales a reservas y tierras fiscales.
• Ley anticrimen ambiental: Derogar las leyes que permiten el chaqueo, y sancionar con hasta 30 años de cárcel a los autores de incendios intencionales y deforestación ilegal.
• Reforestación estructural: Plantar 10 millones de árboles por año en coordinación con universidades, pueblos indígenas y ONG ambientales.
• 
  

III. ACCIÓN: (los primeros 100 días en El Beni)

Lanzamiento del “Plan de Reconstrucción Productiva y Territorial del Beni”, con cinco medidas clave:

En los primeros cien días de gobierno se convocará el Consejo Departamental de Desarrollo del Beni, con sede en Trinidad, como la instancia de planificación estratégica regional. Estará compuesto por representantes del gobierno central, la gobernación, municipios, universidades, cámaras empresariales, pueblos indígenas y organizaciones sociales. Desde esta plataforma se coordinará el inicio inmediato de la construcción del tramo carretero Cochabamba–Beni, con contratos transparentes, supervisión internacional y consulta previa a los pueblos indígenas. Paralelamente, se procederá a la desconcentración institucional del INRA y del SERNAP en el Beni, removiendo interinatos y nombrando nuevas autoridades por méritos y concursos públicos, con planes de gestión digital y transparentes.

Asimismo, se lanzará el programa Emprende Beni, orientado a impulsar mil nuevos emprendimientos juveniles en diez municipios prioritarios, mediante incentivos fiscales, capital semilla y asistencia técnica especializada. Este programa se articulará con el Plan Mamoré de Protección y Reforestación, que activará brigadas ecológicas, operativos forestales permanentes y una campaña de reforestación masiva con una meta inicial de un millón de árboles plantados en el primer año, sentando así las bases de una economía verde amazónica sostenible.

El Beni no puede seguir esperando. Esta vez no habrá promesas vacías: habrá obras, instituciones, y oportunidades concretas para las benianas y los benianos. La justicia territorial comienza aquí, en la Amazonía boliviana.

 

TURISMO

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UN DESTINO ÚNICO EN EL MUNDO

 

I. CONTEXTO

Bolivia se encuentra en una encrucijada económica, marcada por la declinación del modelo extractivista y una urgente necesidad de diversificación productiva. En este escenario, el turismo emerge como uno de los sectores estratégicos con mayor potencial de crecimiento sostenible, generación de divisas y empleo formal. A pesar de su enorme riqueza natural y cultural, el país no ha logrado consolidarse como un destino turístico competitivo a nivel internacional. La falta de infraestructura, conectividad limitada, inseguridad jurídica y la inestabilidad política han sido factores que, durante las últimas décadas, han frenado el desarrollo pleno del sector.

Al mismo tiempo, las cifras muestran una ventana de oportunidad: de acuerdo con datos del Programa de Gobierno de la Alianza UNIDAD, el país podría captar hasta 3.000 millones de dólares anuales si se logra atraer dos millones de visitantes extranjeros adicionales. En 2019, Bolivia apenas superaba los 1,2 millones de turistas internacionales, frente a los más de 7 millones que recibía Perú y los 6 millones de Argentina. Esta brecha no responde a falta de atractivo, sino a políticas inadecuadas. Por ello se plantea una "revolución del turismo" como eje de transformación estructural del modelo económico boliviano, abandonando la dependencia de los hidrocarburos y apostando por los servicios con valor agregado.

II. PROPUESTA

Para convertir al turismo en una verdadera industria nacional, se propone una estrategia integral que articule inversión, innovación, infraestructura, capital humano y gobernanza institucional, basada en seis pilares:

Financiamiento, inversión y gobernanza institucional

• Crear un Fondo de Promoción e Inversión Turística con aportes públicos y privados, incluyendo recursos de las regalías regionales, para financiar infraestructura, campañas de promoción, incubadoras de emprendimiento y recuperación patrimonial.
• Incentivos fiscales temporales y líneas de crédito preferenciales para inversiones turísticas en zonas prioritarias (Uyuni, Madidi, El Alto, Pando, Rutas del Vino, etc.).
• Establecimiento del Ministerio de Turismo y Cultura, con carácter estratégico y descentralizado, que diseñe y ejecute políticas a nivel nacional en coordinación con gobernaciones y municipios.

Marca Bolivia y promoción internacional

• Reposicionar la imagen del país con una estrategia de “Marca Bolivia” potente, coherente y moderna, destacando biodiversidad, herencia indígena viva, mestizaje cultural y turismo comunitario.
• Activar el cuerpo diplomático y la diáspora como embajadores turísticos, apoyados por campañas digitales segmentadas y participación constante en ferias internacionales.
• Desarrollar productos turísticos integrados con países vecinos (Perú, Chile, Brasil y Argentina), promoviendo rutas regionales compartidas como el Qhapaq Ñan, la Ruta del Vino o los circuitos amazónicos.

Conectividad y acceso

• Cielos abiertos y séptima libertad aérea, para facilitar la llegada de aerolíneas extranjeras y abaratar los costos del transporte aéreo.
• Modernizar y poner en operación el aeropuerto de Potosí, fortalecer Viru Viru como hub internacional, y desarrollar un tren turístico Uyuni–Potosí con capital privado.
• Habilitar Puerto Busch como salida soberana al Atlántico, en coordinación con el desarrollo de un tren de carga y logística turística del Pantanal.

Formación, empleo y emprendimiento

• Crear el Centro Nacional de Turismo Emprendedor, que forme guías turísticos profesionales, apoye emprendimientos sostenibles y promueva la formalización.
• Establecer programas regionales de capacitación en hotelería, gastronomía, guías especializados y gestión cultural, vinculando universidades, institutos técnicos y organizaciones comunitarias.
• Desarrollar un plan nacional de 1 millón de emprendimientos turísticos, priorizando jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y regiones rurales con vocación turística.

Productos turísticos sostenibles y diferenciados

• Impulsar el ecoturismo, turismo de aventura, de salud y comunitario, con certificación ambiental y participación de las comunidades locales.
• Crear productos de alto valor como la “Cocina Bolivia”, la Ruta del Vino y Singani, y la experiencia comunitaria de El Alto como marca internacional.
• Fortalecer destinos ícono como Salar de Uyuni, Madidi, Sucre y Potosí, con mejoras en infraestructura, recuperación patrimonial y servicios básicos sostenibles.

Seguridad, legalidad y regulación migratoria

• Tolerancia cero a bloqueos, avasallamientos y extorsión que afecten la operación turística.
• Fortalecer la Policía Turística y garantizar presencia efectiva en todos los principales destinos, con atención multilingüe y enfoque en derechos humanos.
• Reformar el sistema de visados, priorizando reciprocidad, simplificación, digitalización y eliminación de visas ideológicas.

 

III. ACCIÓN (Primeros 100 días de Gobierno)

Para dar un impulso inmediato a la revolución turística, se proponen las siguientes acciones prioritarias a ser ejecutadas en los primeros 100 días de gestión:

En los primeros 100 días de gobierno, se impulsará la aprobación de una Ley de Turismo Integral que institucionalizará un Fondo de Inversión Turística y establecerá incentivos fiscales para fomentar la inversión en el sector. Paralelamente, se firmarán convenios con cinco gobernaciones clave (Potosí, La Paz, Beni, Tarija y Santa Cruz) para ejecutar obras estratégicas de infraestructura turística y articular una política nacional descentralizada.

Para posicionar a Bolivia como un destino competitivo, se lanzará la campaña internacional “Bolivia: Corazón de América”, con fuerte presencia en redes digitales, consulados y ferias globales, mientras se inicia el programa de cielos abiertos mediante negociaciones con aerolíneas internacionales y la adecuación del marco jurídico. Además, se firmarán acuerdos de exención de visado con al menos diez países estratégicos, facilitando el ingreso de turistas y estableciendo relaciones de reciprocidad migratoria.

En paralelo, se pondrá en marcha el Centro Nacional de Turismo Emprendedor con una primera cohorte de 500 jóvenes capacitados en emprendimientos turísticos sostenibles, y se comenzará la restauración del patrimonio histórico de Potosí y Sucre. Finalmente, se creará el Observatorio Nacional de Turismo como ente técnico encargado de generar estadísticas confiables, evaluar el impacto del sector y coordinar la implementación de las Cuentas Satélite con el INE.

 

EL ALTO

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CIUDAD DEL FUTURO

CONTEXTO

El Alto es, sin lugar a dudas, una de las ciudades más dinámicas y con mayor potencial de Bolivia. Con más de un millón de habitantes, su crecimiento no ha sido impulsado por políticas estatales sostenidas, ni por inversiones estratégicas planificadas, sino por la fuerza social de sus habitantes: emprendedores natos, resilientes, solidarios, profundamente comunitarios y con un fuerte ethos de superación. Esta ciudad aimara, la más importante del mundo en su tipo, es también una pieza geoestratégica clave por su ubicación en el eje La Paz–Santa Cruz y su cercanía al Pacífico.

Sin embargo, su progreso ha sido desigual. El Estado no ha sabido acompañar su expansión urbana ni potenciar sus vocaciones productivas. La ausencia de planificación metropolitana, los altos índices de informalidad, la precariedad de sus servicios básicos y de salud, y la carencia de una visión nacional que reconozca su rol estratégico han limitado las posibilidades de que El Alto ejerza el liderazgo económico, cultural y tecnológico que Bolivia necesita para avanzar en el siglo XXI.

En ese marco, la ciudad presenta una serie de desafíos estructurales: informalidad económica superior al 80%, un sistema de salud fragmentado, pobreza multidimensional en sus zonas periurbanas, oportunidades laborales precarias para los jóvenes y una institucionalidad débil. No obstante, estos desafíos son también oportunidades para una reconfiguración profunda. La propuesta de la Alianza UNIDAD para El Alto parte de este diagnóstico y plantea una intervención estructural con visión de futuro y base social sólida.

PROPUESTA

La transformación de El Alto debe orientarse por tres ejes integradores: desarrollo tecnológico y productivo, fortalecimiento institucional y cohesión social con equidad territorial. Estas son las propuestas clave:

Silicon Valley andino, un polo de tecnología y conocimiento: Se propone convertir El Alto en el mayor nodo tecnológico del país, articulando universidades, institutos técnicos y empresas emergentes. Para ello se deberá implementar:

Un Instituto Nacional de Inteligencia Artificial.

Centros de formación en programación y tecnologías emergentes.

Un parque tecnológico con empresas de ensamblaje de hardware y desarrollo de software.

Incentivos para la instalación de data centers y minería de criptomonedas con energía solar.

Infraestructura digital de alta conectividad para albergar fintechs y bancos virtuales.

Plataforma nacional de comercio exterior: El Alto se transformará en el mayor centro logístico del país, articulado al Corredor Bioceánico Central y con acceso al Puerto de Chancay (Perú). Esta plataforma debiera incluir:

Terminales intermodales de carga.

Alianzas aduaneras y comerciales con Perú y Brasil.

Infraestructura ferroviaria de enlace con Oruro y Santa Cruz.

Zona Franca y Parque Industrial Altoandino: Se instalará el parque industrial más grande del país en El Alto, con áreas productivas para textiles, alimentos orgánicos, joyería, metalmecánica y madera. Contaría con:

Beneficios arancelarios e impositivos por 10 años.

Incubadoras empresariales y centros logísticos.

Un régimen de zona franca integral, tipo Iquique o Manaos, para atraer inversión regional.

Capitalidad departamental y gobernanza efectiva: Se estudiaría la posibilidad de trasladar la sede de la Gobernación del departamento de La Paz a El Alto, como reconocimiento a su importancia demográfica, económica y simbólica. Esto permitirá:

Mayor eficiencia en la gestión departamental.

Un nuevo equilibrio institucional en el eje La Paz–El Alto–provincias.

Destino turístico de experiencia comunitaria: El Alto será reposicionado como puerta de entrada al altiplano turístico boliviano. Para ello se desarrollarán:

Un nuevo plan maestro del Aeropuerto Internacional.

Turismo cultural en torno a la Feria 16 de Julio, la arquitectura aimara, la gastronomía y los mercados populares.

Conexiones directas con Tihuanaco, Copacabana, Oruro y Uyuni.

Una estrategia nacional de promoción que atraiga 2 millones de visitantes adicionales por año y genere 3.000 millones USD anuales.

Educación técnica y universidad con calidad: La UPEA será fortalecida e integrada a un ecosistema educativo-tecnológico. Además:

Se crearán al menos 10 institutos técnicos nuevos en áreas tecnológicas, de salud y oficios especializados.

Se vinculará formación con emprendimiento mediante becas, coworks y prácticas remuneradas.

Formalización económica y nuevo modelo urbano: Se instalarán Unidades Municipales de Formalización Económica con enfoque en:

Simplificación de trámites y digitalización.

Capacitación tributaria y financiera.

 Créditos blandos a microempresas.

Además, se implementarán 35 Centros Comunitarios Ciudadanos (CCC) en barrios alteños con servicios sociales, educativos, de salud y emprendimiento.

ACCIÓN (los primeros cien días)

Para iniciar esta transformación, se ejecutarán las siguientes acciones prioritarias:

1. Declaración de El Alto como Zona Económica y Tecnológica Especial (ZETE) y puesta en marcha del Parque Industrial Altoandino y el HUB Tecnológico del Altiplano: Se establecerá un nuevo régimen preferencial para El Alto. En paralelo, se iniciará la ejecución del Parque Industrial y del HUB Tecnológico, incluyendo la gestión de financiamiento con CAF o BID y el lanzamiento del Instituto de Inteligencia Artificial.

2. Gobernanza territorial e institucionalidad con sentido de justicia social: Se conformará el Comité Interinstitucional del Plan El Alto 2030 con participación ciudadana amplia. Además, se trasladará simbólicamente la sede de la Gobernación a El Alto, y se habilitarán tres Centros Comunitarios Ciudadanos (CCC) con servicios integrales en salud, educación y desarrollo social.

3. Formalización, emprendimiento y posicionamiento internacional de El Alto: Se implementará un Plan para capacitar y bancarizar a 10.000 emprendedores. Se lanzará la Marca “Ciudad El Alto” para promover turismo y cultura, y se iniciarán los trabajos del corredor El Alto–Chancay como conexión clave para el comercio exterior.

AGRICULTURA Y TERRITORIO

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DESAFÍOS AGRARIOS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN BOLIVIA

CONTEXTO

El sector agrario boliviano se encuentra atrapado en una encrucijada histórica. A pesar de la riqueza natural que posee el país —desde su biodiversidad hasta su potencial agrícola y minero— Bolivia no ha logrado traducir esa abundancia en bienestar para sus ciudadanos rurales. El modelo extractivista y centralista que rigió entre 2006 y 2015, incluso durante el auge de los precios internacionales de los hidrocarburos, no dejó infraestructura sostenible ni mejoró significativamente la productividad agropecuaria ni la seguridad alimentaria. Por el contrario, exacerbó la informalidad, la dependencia de exportaciones primarias y la destrucción ambiental, mientras fomentaba una estructura institucional ineficiente, clientelar y altamente corrupta.

El país presenta hoy una profunda brecha entre oriente y occidente, entre economías agroindustriales y sistemas campesinos de subsistencia. Esta desigualdad territorial se refleja en el acceso desigual a la tierra, a servicios productivos y a oportunidades económicas. En el oriente, predominan las grandes propiedades y una agroindustria dinámica pero concentrada; en el occidente, el minifundio campesino enfrenta límites productivos severos. El saneamiento de tierras se ha convertido en un campo de disputa política, mientras que la ausencia de un mercado legal de tierras y el avance de actividades ilegales como el narcotráfico o el tráfico de mercurio agravan aún más la situación. Bolivia requiere una transformación estructural de su modelo agrario que combine desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental, equidad territorial y seguridad jurídica.

Estas medidas serán el primer paso hacia una Bolivia agraria renovada, equilibrada y competitiva, capaz de generar riqueza con justicia territorial, ambiental y social.

PROPUESTA

Transición hacia una economía post-extractivista, ecológica y diversificada: La Alianza UNIDAD propone un giro estratégico que supere el extractivismo y apueste por una matriz productiva sustentada en la biodiversidad, la innovación y la agroindustria sostenible. Esto incluye políticas de “Deforestación Cero al 2030”, protección de áreas protegidas e impulso de energías renovables (solar, eólica y biodiésel), con incentivos al ecoturismo, la producción orgánica certificada y la conservación como fuente de riqueza.

Reforma integral de la tenencia y uso de la tierra: Se debe consolidar la seguridad jurídica a través de una profunda reestructuración del INRA, un nuevo marco de mercado legal de tierras, y una redefinición de la Función Económico-Social (FES) que priorice sostenibilidad y conservación. Se impulsará un sistema de coparticipación equitativo entre gobierno central y subnacionales (50/50 a partir de 2026), permitiendo a las autonomías gestionar sus recursos con justicia territorial y eficacia productiva.

Relanzamiento del sector productivo rural y agroindustrial: Se plantea una nueva política de desarrollo rural basada en alianzas público-privadas, parques eco-agroindustriales, agroecología y fortalecimiento del emprendimiento rural con enfoque de género. Se promoverá un millón de nuevos emprendimientos en cinco años, priorizando a mujeres y jóvenes rurales. Se incorporará innovación tecnológica en riego, mecanización y certificación orgánica, reconociendo las vocaciones regionales: agroindustria en el oriente, quinua real y turismo ecológico en el altiplano, viticultura y riego intensivo en los valles.

Nuevo pacto ambiental y productivo con las regiones: Las propuestas de UNIDAD coinciden en promover autonomías económicas reales y funcionales. Las ciudades intermedias se convertirán en polos productivos y logísticos para articular cadenas de valor en cada región. Esto permitirá cerrar la brecha entre oriente y occidente, democratizando el acceso al desarrollo. Se impulsará una Agencia Público-Privada de Promoción de Inversiones y Exportaciones, para atraer inversión directa, abrir mercados y facilitar tecnología, con diplomacia económica activa.

Control de actividades ilegales, minería tóxica y narcotráfico: La estrategia incluye la prohibición del tráfico de mercurio y su tratamiento como sustancia controlada, la reversión de concesiones mineras en cabeceras de cuenca y el combate sistemático al oro ilegal y a cultivos excedentarios de coca, complementado por rehabilitación de consumidores y fortalecimiento de FELCN. Todo ello con cooperación internacional y una policía ecológica especializada.

ACCIÓN (Primeros 100 días de gobierno)

Medida clave: Lanzamiento de un “Plan Nacional de Reactivación Productiva Rural y Sustentabilidad Territorial”.

Reestructuración del INRA y auditoría nacional de tierras, con suspensión de nuevos procesos hasta garantizar transparencia y legalidad.

Decreto supremo de protección inmediata de cabeceras de cuenca, derogando concesiones mineras contaminantes y declarando zonas de recuperación hídrica prioritaria.

Convocatoria al Consejo Nacional Agroambiental y Productivo, con representación de gobiernos subnacionales, agroindustria, comunidades campesinas y pueblos indígenas, para definir prioridades regionales y proyectos a financiar.

Lanzamiento del Programa de Apoyo a Emprendimientos Rurales Sostenibles (PAERS), dotado inicialmente con 100 millones de dólares para microcréditos, asistencia técnica y tecnologías limpias en el agro.

Firma de convenios con universidades y centros de investigación para la creación de laboratorios regionales de innovación agrícola, priorizando riego eficiente, certificación ecológica, y reforestación productiva.

BOLIVIA EN EL MUNDO

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RELACIONES INTERNACIONALES Y POLÍTICA EXTERIOR

CONTEXTO

Bolivia vive hoy una situación crítica en el plano internacional: su política exterior ha perdido rumbo estratégico, está atrapada en alineamientos ideológicos anacrónicos y se ha convertido en un instrumento de propaganda interna, antes que en un eje de desarrollo y posicionamiento global. La diplomacia boliviana ha dejado de servir al interés nacional y ha sido utilizada como plataforma de cooptación política, debilitando su credibilidad, reduciendo su capacidad de interlocución y aislando al país de espacios clave de decisión internacional.

Simultáneamente, se ha consolidado una subordinación sobreideologizada del relacionamiento exterior, que rompe con los principios de cooperación multilateral, desprecia el valor de la institucionalidad diplomática y deteriora las relaciones con países vecinos, afectando directamente el comercio, la seguridad fronteriza, la infraestructura compartida y los mecanismos de integración regional. El desmantelamiento de la carrera diplomática, la opacidad en los tratados firmados con potencias extrarregionales como China o Rusia, y la subordinación de la política exterior a agendas partidarias internas han contribuido a profundizar este deterioro. Hoy, Bolivia está ausente de los grandes foros multilaterales donde se decide el futuro del planeta, del clima, de la energía y del comercio.

El fracaso de la política marítima y la llamada “diplomacia de los pueblos” evidencia la necesidad de transformar radicalmente nuestra estrategia exterior. La demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia concluyó en octubre de 2018 con un veredicto que estableció que Chile no tenía obligación de negociar una salida soberana al océano Pacífico. Esta resolución no solo desbarató las expectativas generadas a nivel nacional, sino que también expuso las limitaciones de una política exterior basada en la simbología identitaria y la movilización popular, más que en la construcción de acuerdos diplomáticos efectivos. La “diplomacia de los pueblos”, fue ampliamente cuestionada por su improvisación estratégica y su débil incidencia más allá del discurso, careciendo de representatividad e impacto real en la arena internacional . Este doble fracaso –la derrota jurídica y la ineficacia de la diplomacia popular– profundiza la urgencia de una política exterior profesional, pragmática y orientada al interés nacional.

En este contexto, el país enfrenta además una situación crítica en su balanza comercial, una caída sistemática en las reservas de hidrocarburos, y un potencial inexplorado en recursos estratégicos como el litio, cuya explotación requiere una diplomacia científica y comercial de alto nivel. La inestabilidad política interna, la politización del servicio exterior y la falta de una visión coherente han impedido que la política internacional sea una herramienta al servicio del desarrollo nacional. Bolivia debe reconstruir su reputación internacional, articular una diplomacia económica moderna y retomar el protagonismo como puente entre regiones, integrándose plenamente en los procesos globales del siglo XXI.

PROPUESTA

Para revertir esta situación y colocar a Bolivia en la senda de una política exterior moderna, coherente y útil al desarrollo, se proponen siete ejes estratégicos:

Reconciliación con el mundo y reposicionamiento estratégico: Bolivia debe abandonar los alineamientos ideológicos automáticos para adoptar una política exterior pragmática y centrada en el interés nacional. Se promoverá una diplomacia abierta al diálogo con todos los países y bloques, guiada por los principios de democracia, derechos humanos y cooperación internacional efectiva. Se dará prioridad a la normalización de relaciones con nuestros vecinos, Estados Unidos, China y la Unión Europea, sin romper vínculos con Asia o el Sur Global, pero asegurando que todas las alianzas respondan a objetivos estratégicos.

La política exterior será pluralista y respetuosa de la diversidad ideológica internacional, pero con un compromiso claro con la democracia, los derechos humanos y la soberanía nacional. Se dejará atrás la lógica de alianzas clientelares y se impulsará una “Doctrina de Interés Nacional Boliviano” como base para las decisiones internacionales, construida con participación académica, técnica y de la sociedad civil.

Diplomacia económica para una revolución exportadora: La acción exterior será rediseñada como un instrumento estratégico para duplicar las exportaciones no tradicionales en cinco años, impulsar productos con valor agregado, atraer inversión extranjera ética y responsable, y abrir nuevos mercados en Asia, África, Medio Oriente y el hemisferio occidental. Para ello, se creará una agencia público-privada de promoción comercial e inversión con presencia internacional, articulada con una renovada “Marca País”. Se fortalecerá la capacidad técnica del cuerpo diplomático en promoción comercial, mediante agregadurías económicas en mercados clave y la reapertura de oficinas de promoción cerradas en gestiones anteriores.

Se conformará una Red de Promoción Económica Internacional que integre embajadas, cámaras de comercio, asociaciones de exportadores y universidades, para identificar oportunidades de negocios, atraer inversiones y proyectar la “Marca Bolivia”. Además, se impulsará una agenda de tratados comerciales estratégicos, priorizando acuerdos con Brasil, la Alianza del Pacífico, el MERCOSUR y socios clave en Asia, a través de mecanismos bilaterales y multilaterales modernos y transparentes.

Integración regional con sentido estratégico: Bolivia impulsará una renovada agenda de integración con sus países vecinos, priorizando relaciones proactivas con Brasil, Chile, Perú, Argentina y Paraguay. Se establecerán Comisiones Binacionales de Alto Nivel con agendas en energía, comercio, litio, seguridad y medio ambiente. Con Brasil se conformará una alianza estratégica en infraestructura y energía; con Perú y Argentina se desarrollarán corredores interoceánicos, hidrovías, ferrocarriles y agendas energéticas complementarias; y con Chile se buscará un Tratado de Libre Comercio vinculado a la agenda marítima, restableciendo la relación diplomática sobre nuevas bases de respeto mutuo y pragmatismo, resolviendo temas fronterizos y de infraestructura portuaria.

Se recuperará el liderazgo boliviano en la Comunidad Andina (CAN) y se fomentará la creación de un Eje Andino Amazónico Atlántico que articule la integración logística, energética y digital. Además, Bolivia promoverá un Eje Sudamericano de Energías Limpias, consolidando su papel regional en iniciativas de desarrollo sostenible y cooperación estratégica.

Gestión internacional del litio, hidrocarburos y minería: Bolivia desarrollará una política exterior científica y comercial centrada en los recursos estratégicos, especialmente el litio, para insertarse en las cadenas de valor global y atraer inversiones responsables. Se promoverá una Agenda Internacional del Litio junto a Chile y Argentina, basada en estándares ambientales y beneficios compartidos, así como la participación activa en foros sobre transición energética, seguridad de recursos y transferencia tecnológica. Se propondrá una “Cumbre Mundial de Países con Litio” y se buscará el posicionamiento en espacios multilaterales clave, como el proyecto ITER. Esta Diplomacia de Recursos Críticos también abarcará el agua, la biodiversidad y los minerales raros, con énfasis en la soberanía, regalías justas y sostenibilidad ambiental.

Paralelamente, se fortalecerá la lucha transnacional contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas y los delitos ambientales, mediante pactos binacionales y multilaterales con países vecinos y agencias internacionales como la DEA, Europol, Interpol y la UNODC. Se desplegará tecnología satelital y drones en las fronteras, y se establecerá un Sistema de Seguridad Fronteriza Integral con cooperación internacional prioritaria, garantizando el respeto a la soberanía y compromisos de transparencia y resultados.

Profesionalización del servicio exterior y gestión institucional: Se restablecerá la carrera diplomática sobre la base del mérito, la formación académica y la competencia técnica, garantizando que el ingreso y ascenso en el Servicio Exterior se realicen mediante criterios objetivos. Los embajadores serán seleccionados por ternas meritocráticas evaluadas por una comisión independiente, y el Ministerio de Relaciones Exteriores será reestructurado como una entidad técnica y estratégica, con sistemas de evaluación de desempeño, auditorías a gestiones pasadas y articulación permanente con centros académicos, cámaras empresariales y gobiernos subnacionales.

Se aprobará una Nueva Ley del Servicio Exterior que asegure transparencia, estabilidad institucional y evaluación periódica. Además, se creará el Instituto Plurinacional de Diplomacia Democrática, orientado a formar profesionales en comercio exterior, cambio climático, derecho internacional y cooperación multilateral. Las embajadas dejarán de ser espacios de repartija partidaria: los representantes diplomáticos deberán suscribir un código de ética y asumir mecanismos de rendición de cuentas ciudadana.

Multilateralismo eficaz y acceso a cooperación internacional: Bolivia trabajará para recuperar su credibilidad ante organismos multilaterales, con el fin de acceder a financiamiento internacional mediante acuerdos transparentes con el FMI, el Banco Mundial y el FLAR, y aprovechar fondos de cooperación climática y verde. Se priorizarán las finanzas verdes, impulsando proyectos de adaptación, transición energética y desarrollo sostenible, especialmente en regiones como la Amazonía, la Chiquitanía y el Altiplano Sur. En ese marco, se propondrá que Bolivia sea sede de una “Cumbre Sudamericana de Desarrollo Sustentable y Energía Limpia”, posicionando al país como articulador regional de una nueva agenda ambiental y productiva.

Asimismo, Bolivia buscará reintegrarse activamente al sistema internacional, participando en grupos de trabajo técnicos de organismos como la OCDE, la OMC, el BID, la CAF y agencias de la ONU, con propuestas innovadoras y con base técnica. Se aspira a que Bolivia ejerza liderazgo regional en plataformas sobre energías limpias, sostenibilidad y tecnología, promoviendo un multilateralismo ético, efectivo y orientado al desarrollo sostenible.

ACCIÓN (Primeros 100 días de gobierno)

Actividad clave: “Plan de Reconstrucción de la Política Exterior Boliviana”

Reforma Institucional y Profesionalización del Servicio Exterior: Se iniciará con la creación de una Comisión de Transición Diplomática para auditar el estado del servicio exterior y diseñar su reingeniería. Se derogarán los decretos que permitieron la politización del cuerpo diplomático, reemplazándolos con un reglamento de transición basado en la meritocracia. Además, se conformará un Consejo Estratégico de Política Exterior y se publicará una auditoría técnica integral, que sentará las bases para una nueva Ley de Carrera Diplomática.

Reconstrucción de Relaciones Bilaterales y Multilaterales Estratégicas: Se relanzarán las relaciones diplomáticas con Brasil, Estados Unidos, Chile y la Unión Europea mediante misiones diplomáticas encabezadas por el nuevo Canciller. Paralelamente, se convocará una Mesa de Cooperación Internacional Multilateral (FMI, BID, CAF, ONU, etc.) para negociar financiamiento responsable y asistencia técnica, priorizando estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible.

Diplomacia Económica y Promoción Internacional del Desarrollo: Se implementará una nueva estrategia de diplomacia económica con la creación del Gabinete Diplomático de Promoción Económica y Exportaciones, en coordinación con el sector privado. Asimismo, se lanzará la Red de Promoción Económica Internacional, estableciendo oficinas binacionales en Embajadas estratégicas (São Paulo, Santiago, Washington, Bruselas), y se organizará una cumbre climática y de cooperación en La Paz para atraer inversión en infraestructura resiliente, transición energética y digitalización rural.

PUEDES ESCUCHAR ESTA PROPUESTA:

https://www.dropbox.com/scl/fi/hsa6e13b5m7pan897mq9u/Pol-tica-Exterior-Boliviana.mp3?rlkey=b2832czpzoeprd43obogxenlq&st=e85ypj10&dl=0

EL CHAPARE

Esta es una referencia que integra lo que expresan programas y visiones de las agrupaciones y partidos de la Alianza UNIDAD, para enriquecer el discurso de candidatos, portavoces y dirigentes. No es un documento oficial.

HACIA LA RECUPERACIÓN DEL ESTADO, LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO

Con estas medidas, el futuro gobierno puede dar un mensaje claro: en Bolivia no habrá enclaves soberanos al margen del Estado de Derecho. El Chapare debe volver a ser parte del país, con justicia, desarrollo, legalidad y dignidad. La paz verdadera no se construye sobre la impunidad ni el chantaje, sino sobre la verdad, el trabajo y la ley.

CONTEXTO

La región del Chapare se ha convertido, en las últimas décadas, en uno de los epicentros más críticos de la crisis institucional, territorial y de seguridad que atraviesa Bolivia. Este territorio, ubicado en el corazón del país, no solo alberga la mayor concentración de cultivos de coca excedentaria del país, sino que también constituye un enclave político, económico y criminal que opera en gran medida al margen del control efectivo del Estado. La interconexión entre sindicatos cocaleros, redes de narcotráfico, estructuras políticas locales y nacionales, y una institucionalidad estatal debilitada, ha generado una situación de excepcionalidad que mina la soberanía nacional y desfigura las reglas democráticas.

El crecimiento del narcotráfico en el Chapare no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado que ha penetrado las estructuras del poder, erosionado la justicia, corrompido la Policía y minado la confianza ciudadana. El Estado ha sido incapaz de imponer su autoridad de manera integral en la región: no hay presencia efectiva de la justicia, los operativos policiales son sistemáticamente resistidos, y las instituciones públicas son instrumentalizadas por intereses corporativos. Esta situación ha derivado en lo que varios analistas y documentos programáticos describen como una “República Independiente del Chapare”, donde opera una dictadura sindical que desafía abiertamente la legalidad nacional.

Este enclave no solo representa un riesgo para la seguridad nacional, sino también para el desarrollo económico y democrático de Bolivia. Los bloqueos frecuentes, las presiones políticas organizadas, el chantaje sindical y la manipulación corporativa de empresas estatales afectan al conjunto del país. Sin resolver el caso del Chapare, no se podrá recuperar la integridad territorial, ni la democracia plena, ni establecer una economía moderna y transparente.

PROPUESTA

La solución al problema del Chapare exige una política integral y firme, basada en cinco pilares: reafirmación de la soberanía estatal, reconversión productiva, lucha estructural contra el narcotráfico, desmantelamiento del enclave corporativo-cocalero, y desarrollo alternativo y sostenido con justicia territorial.

Reinstitucionalización del Estado y recuperación del control territorial: Se debe garantizar una presencia permanente, eficaz y legal del Estado en el Chapare mediante la reestructuración de la Policía Boliviana (con mandos rotativos y meritocráticos), la creación de una Fiscalía especializada en crimen organizado y narcotráfico, y la instauración de juzgados móviles con protección especial. Todo ello debe estar respaldado por una Comisión Independiente de Fiscalización del Estado en Territorios Críticos.

Erradicación focalizada de cultivos excedentarios y reconversión agrícola: Se propone la aplicación firme de la Ley 1008, con monitoreo satelital y verificación social independiente. La erradicación debe ir acompañada de un Plan Nacional de Reconversión Productiva en el Trópico de Cochabamba, que incentive cultivos alternativos como el banano, el palmito, el café ecológico, el cacao fino de aroma y el turismo rural. Se otorgarán créditos blandos y se promoverán alianzas público-privadas para procesamiento y exportación.

Desmantelamiento del enclave sindical corporativo: La ley debe aplicarse sin excepciones. Se plantea una intervención judicial y contable a las federaciones cocaleras, la suspensión de subvenciones públicas a organizaciones sindicales ligadas al delito y el fin de los contratos irregulares con empresas públicas controladas por grupos de poder local. Asimismo, se revisarán los títulos agrarios colectivos otorgados a federaciones sindicales, priorizando la propiedad individual o comunitaria bajo ley.

Fortalecimiento de la infraestructura estatal y el desarrollo inclusivo: Se debe recuperar y transformar la infraestructura construida en el Chapare en la época del MAS (aeropuertos, plantas industriales, instalaciones deportivas) para usos civiles, productivos, sanitarios y educativos. La meta es establecer una Zona Económica Especial del Chapare bajo control estatal, pero con vocación exportadora agroindustrial y turística.

Reconciliación y diálogo nacional con base en la ley: Toda política de pacificación debe tener como marco la vigencia plena del Estado de Derecho. Se impulsará un Pacto de Legalidad Nacional que involucre a actores regionales, sociales y empresariales, donde el Chapare será considerado una prioridad de seguridad nacional y de reconstrucción del orden republicano.

ACCIÓN

“Plan Chapare, Territorio Nacional”

Durante los primeros cien días de gobierno, se debe activar una intervención multisectorial estatal que incluya:

1. Despliegue permanente de un Comando Especial Conjunto (Policía y Fuerzas Armadas no deliberantes) con apoyo logístico, equipamiento y respaldo jurídico para garantizar el cumplimiento de la ley en zonas de alta criminalidad y resistencia.

2. Auditoría de las empresas públicas con sede o vínculos operativos en el Chapare (YPFB, Emapa, Planta de Urea, etc.), con suspensión de contratos irregulares y designación de interventores.

3. Conformación de un Consejo Interministerial para el Desarrollo del Trópico de Cochabamba, con participación del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Justicia y gobiernos subnacionales. Se iniciará un programa de reconversión agrícola con inscripción de beneficiarios, asistencia técnica y créditos rotativos.

4. Lanzamiento de la campaña nacional “Una Sola República”, con acciones comunicacionales que refuercen el principio de unidad del Estado y la necesidad de construir un país con ley, orden y oportunidades para todos.